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07 abril, 2013

La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de  buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar de una sociedad crítica, exigente y participativa”.

Así es como comienza la ‘exposición de motivos’ del proyecto de Ley de Transparencia, aprobado el 27 de julio del pasado año y publicado en la web del Ministerio de la Presidencia. Con este texto que prometía convertirse en ley parecía que España, uno de los pocos países europeos que no cuenta con una ley de acceso a la información, avanzaría hacia un gobierno más abierto y responsable. Sin embargo, todo ha transcurrido desde entonces con la lentitud propia española cuando se trata de eliminar injusticias como la corrupción y el abuso de poder.

Tras las críticas recibidas, el gobierno de Mariano Rajoy anunció su deseo de consultar el texto con otros grupos parlamentarios, y ahora está previsto que una serie de expertos sigan teniendo conversaciones sobre el asunto. Así, la realidad es que la Ley de Transparencia se encuentra sumida en un ‘stand by’ de indefinida duración.

Gürtel, Bárcenas, Urdangarín… la corrupción en España está a la orden del día y va escalando puestos en el ranking de asuntos que preocupan a la ciudadanía. Una profunda y eficaz ley de transparencia podría suponer la iniciativa legislativa más importante desde la consolidación de la democracia, además de indispensable para el sustento de ésta. Su falta ha sido el principal instrumento de actuación de corruptos, y su aplicación sería un importante elemento de participación ciudadana y de calidad democrática.

La ausencia de este tipo de legislación no sólo favorece la corrupción sino que dificulta la labor de denuncia de la misma, alejando inevitablemente a los ciudadanos de las instituciones. La Administración jamás se han pronunciado ante cuestiones como quiénes son los mayores deudores con la Seguridad Social, la cantidad de ingresos desde la última amnistía fiscal o los sueldos del personal de la televisión pública, a pesar de que estos deberían ser datos públicos. Si algún español quiere saber cuántas negligencias se han producido en su hospital más cercano, cuántas estafas bancarias o robos en joyerías han tenido lugar o cuántas violaciones se han sufrido en el último año, tampoco podrá. El Ministerio del Interior, por ejemplo, cataloga también de ‘secreto’ los datos oficiales de los asesinados a manos de ETA o el número de identificaciones que hace al año, tanto de inmigrantes como de españoles.

Pero lo cierto es que la transparencia contribuye a reducir la corrupción sólo si se aplica con determinadas garantías, y este anteproyecto de ley que tan discutido está siendo contiene muchos puntos dignos de ser cuestionados. Para empezar, deja fuera a todo lo que no esté sujeto a derecho administrativo, es decir, a la Casa Real, los partidos políticos, los sindicatos y la patronal, el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y un largo etcétera. Sin embargo, la primera línea de la clase política parece transmitir su acuerdo con estar vinculada al deber de transparencia. El pasado 25 de enero, la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría mostraba su opinión a favor de que se incluya a los partidos políticos en la futura Ley de Transparencia cuando fue preguntada por el tema en una rueda de prensa. Tan sólo tres días más tarde, Alfredo Pérez Rubalcaba decía que estaba de acuerdo con la número dos del PP en su entrevista en Los Desayunos de TVE. Irene Lozano, diputada nacional de UPyD, manifestó también esos mismos días que su partido estaba igualmente a favor de la inclusión, y el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, ha sido el último en declarar su posición unos días más tarde: también está de acuerdo. Entonces, si los partidos se muestran dispuestos a someterse a la Ley de Transparencia, ¿por qué no lo hacen? ¿Cómo dejar fuera de la ley a los políticos y órganos que legítimamente pretenden participar en la mejora de la legislación si es precisamente sobre ellos sobre los que hay que poner la lupa?

La ley se guarda otros tantos ases en la manga. El primero, el secreto administrativo negativo. Se entiende que la solicitud de información habría sido denegada en caso de que el organismo consultado no contestase, de manera que no ocurriría nada. La ley no incluye sanciones en caso de incumplimiento. Además, el organismo de supervisión propuesto no es otro que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de modo que no sería un ente independiente el que juzgase a la hora de decidir sobre los conflictos.

Que España necesita incluir esta norma en su legislación es una obviedad. Para castigar la corrupción es indispensable la acción judicial contundente, pero para prevenirla sólo podemos valernos de una transparencia válida que promueva el carácter crítico de la ciudadanía y la honradez de aquellos que ostentan el poder. Si el texto actual, con vista a ser aprobado, no es profundamente modificado, es muy probable que tan sólo sirva para maquillar la corrupción con una capa de palabrería liberal muy poco transparente.

Isa Perla

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